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Alianzas electorales vs gobiernos de coalición

Martes, 14 de Febrero 2017 - 17:30

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Guillermo Vázquez Handall

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La crisis que atraviesa el sistema de gobierno mexicano, más allá de su marco institucional y operacional, se fundamenta en el descrédito de los integrantes de su clase política, sin distingos de militancia partidista.

El régimen vigente favorece esquemas de complicidad, incluso entre fuerzas rivales, que han encubierto las prácticas que finalmente han causado su desgaste.

El reclamo social se ha convertido en un rechazo generalizado que se relaciona con la corrupción tanto como con la impunidad, sin dejar de lado la parte que tiene que ver con la eficiencia administrativa gubernamental.

Como parte de este último elemento, hay que señalar la implementación de políticas públicas que, independientemente de su intención y viabilidad, no han logrado los objetivos propuestos y además han propiciado una amplia repercusión negativa.

Estos factores principales nos colocan en una situación que ha generado un ánimo colectivo, oficialmente denominado mal humor social, que por la propagación de su dimensión podría llegar a convertirse en un grave riesgo para la estabilidad del país.

Esto ha inducido a la presentación de una enorme cantidad de propuestas de solución provenientes de las más diversas corrientes de opinión e interés, tanto políticas como de corte académico.

Algunas de ellas basadas en motivaciones que claramente conllevan la permanencia o el acceso a beneficios para sectores exclusivistas como los partidos políticos.

Otras tantas que, aun y cuando no persiguen esa misma tendencia, atentan en contra de los privilegios de los grupos en el poder, razón por la cual son descartadas de origen.

La coyuntura no radica en determinaciones que aparentemente podrían resultar espectaculares, pero que en el fondo no atacan la raíz del problema y que en todo caso sólo servirían de paliativo.

Reducir el número de legisladores federales plurinominales no es una solución y además eso se contrapone con el único medio de persistencia de los partidos políticos pequeños.

En contraste la propuesta de que el financiamiento de los partidos políticos sea acorde a la auténtica votación recibida y no de acuerdo con el tamaño del padrón electoral, en efecto es una medida que más allá de los ahorros económicos, supondría un mejor escenario de representación genuina de la voluntad popular.

Sin embargo, el asunto que debe recibir más y mejor atención es precisamente el de la representatividad y que éste vaya ligado directamente con equilibrios que permitan contrapesos efectivos.

Esto no se va a resolver con la segunda vuelta electoral, sin menospreciar su importancia y los elementos positivos de su aportación, es sólo un mecanismo para evitar conflictos de la competencia electoral.

La segunda vuelta no es por sí misma una herramienta para obligar al gobierno en turno a cumplir con sus obligaciones, el problema fundamental radica en que las ofertas de campaña son únicamente un procedimiento publicitario.

Las alianzas electorales sólo han abonado a la suma de fuerzas, bajo esquemas de competencia electoral, producto de arreglos oportunistas, que finalmente no se traducen en compromisos de gobierno.

La disyuntiva no está en el ámbito ideológico, porque las alianzas no garantizan el cumplimiento de nada y se rompen con la misma facilidad con las que se crean.

Por ello, las iniciativas que plantean explorar la implementación de gobiernos de coalición, son sin duda las que más se acercan a un marco de eventual solución.

A pesar de que el nuestro es un sistema presidencialista y no parlamentario, en el que por definición los gobiernos de coalición se estipulan no sólo en la norma constitucional, sino también en los aspectos prácticos, en las condiciones actuales podría ser un factor paradigmático, que por su carácter consensual obligaría a reorganizar todo el régimen vigente. Dada la posibilidad de que ante la ausencia de mayorías, en la siguiente elección ningún partido obtenga más del veinticinco por ciento de los sufragios.

Un gobierno de coalición, esbozado por encima de la simple alianza electoral, bajo criterios legales establecidos para el propósito de gobernar y no sólo de ganar los comicios, representaría equilibrios extraordinarios.

Porque la participación de dos o más fuerzas en la administración pública, materialmente exigiría no sólo la incorporación de políticas públicas emanadas de cada corriente.

Sería por sí mismo un factor de autocontrol, de vigilancia, proporción y exigencia, que sin suponer que fuera la panacea que acabara con la mayoría de nuestros problemas, es al menos una alternativa coherente.

Una opción que vale la pena analizar y discutir, profundizar en sus vertientes, en sus posibilidades de representar un modelo de reorganización y transformación, ante un sistema completamente desgastado, corroído e inoperante.

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Número 12 - noviembre 2017
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