Se puede ser estudiante y delincuente al mismo tiempo

El 4 de octubre de 2014, el entonces titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada… El 4 de octubre de 2014, el entonces titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)...

15 de abril, 2016
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El 4 de octubre de 2014, el entonces titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada…

El 4 de octubre de 2014, el entonces titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), Rodrigo Archundia Barrientos, anunció que la dependencia a cargo del entonces procurador general Jesús Murillo Karam, atraía la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Rural de Ayotzinapa que fueron secuestrados en Iguala, Guerrero, la noche del 26-27 de septiembre de ese mismo año.

En la mal llamada conferencia de prensa en donde Archundia no aceptó preguntas de los periodistas, también estuvo presente Tomás Zerón de Lucio, el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la misma PGR, quien se limitó a decir que “el Estado mexicano no puede permitir que un hecho tan indignante quede impune, por lo que se recurrirá a toda la fuerza del Estado para esclarecer los hechos”, añadiendo que envío a Guerrero a investigadores y peritos para apoyar las supuestas investigaciones que desde el día de los hechos había realizado la Procuraduría General de Justicia de ese estado.

En la conferencia Murillo Karam brilló por su ausencia. Delegó el anuncio en sus dos subordinados tal vez porque creía que el caso se resolvería pronto debido a que las investigaciones realizadas hasta ese momento indicaban que podía tratarse de un ajuste de cuentas entre dos organizaciones criminales que operan en Guerrero. La información inicial que obraba en su poder indicaba que los policías que agredieron a balazos a los normalistas y luego se los llevaron a un destino desconocido estaban vinculados con Guerreros Unidos, banda aliada al Cártel Jalisco Nueva Generación, y que entre los normalistas desaparecidos era muy probable que hubiera varios que estaban relacionados con Los Rojos, grupo aliado al Cártel del Golfo. En Guerrero ambos grupos libran desde hace tiempo una sangrienta competencia con el objetivo de dominar los lucrativos negocios que representan el secuestro, la extorsión, la trata de mujeres y niños, la prostitución de adultos e infantil, el plagio infantil y el narcotráfico. Los Guerreros Unidos matan a Los Rojos cada vez que pueden y estos hacen lo mismo con aquellos en una guerra sin cuartel que nadie sabe quién la ganará.

Curiosamente, a pesar de que existían indicios de que algunos de los estudiantes pudieran estar colaborando con Los Rojos, ni Archundia ni Zerón ni Murillo Karam jamás dijeron nada al respecto. Tal vez querían evitar que la comunidad estudiantil de Ayotzinapa se volviera más agresiva de lo que es después de escuchar que existían fundadas sospechas de que unos de sus compañeros estuvieran realizando actividades ilícitas, tal vez querían evitar el escándalo mediático que promoverían los partidos y organizaciones de izquierda que desde siempre se han encargado de proteger a delincuentes que bajo el pretexto de ser estudiantes cometen sus fechorías con absoluta impunidad.

El hecho es que por tratar de evitar un escándalo mayor al que de por sí representaba la desaparición de los 43, Murillo Karam y sus subordinados generaron un problema que ha golpeado la de por sí golpeada credibilidad del gobierno federal, especialmente la de la PGR.

Hoy, ya nadie sabe que creer sobre el caso Ayotzinapa. Diversos peritos han dado versiones encontradas en torno al incendio que supuestamente consumió los cuerpos de los estudiantes en el basurero de Cocula. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar el caso dice una cosa y la PGR y sus expertos dicen otra; el teléfono del abogado de los familiares de los 43 es interceptado, sus conversaciones grabadas y luego filtradas para desprestigiarlo ante la opinión pública. En fin, lo que debería haber sido un caso de pronta resolución se convirtió en una pesadilla para el gobierno federal y los padres y demás familiares de los desaparecidos. Y todo porque Murillo Karam, por su cuenta u obedeciendo ordenes superiores, nunca mencionó que algunos estudiantes podían al mismo tiempo ser delincuentes o colaboradores de criminales brutales y sanguinarios.

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