Crisis institucional en la procuración de justicia

Más allá de que el ex titular de FEPADE se merecía el despido, su salida no sólo ha causado sospechas...

26 de octubre, 2017

Jaime Guerrero Vázquez

Más allá de que el ex titular de FEPADE se merecía el despido, su salida no sólo ha causado sospechas (bien fundadas), sino también ha puesto la crisis institucional en la procuración de justicia a todo lo que da. El país carece de un procurador general y su sustituto está siendo cuestionado por no cubrir los requisitos de ley necesarios; tampoco se ha nombrado un procurador anticorrupción y todo el sistema está cojo; y, ahora, tampoco hay un fiscal encargado de sancionar las acusaciones relacionadas con los procesos electorales. Si esto no es una crisis, se parece bastante.

Pero, ¿qué hay detrás de estas ausencias graves para la República? La propuesta más popular es que detrás de todo esto hay un complicado entramado ideado por la mente maestra de Peña Nieto, un “compló”, como diría el prócer, para obligar a la oposición a aceptar fiscales y procuradores a modo. En ese sentido, los que sostienen esta idea asumen que su deber es defender a Santiago Nieto, incluso a gritos y sin importar la parálisis de las instituciones. Otra propuesta, sugiere que el presidente Peña Nieto llevará los nombramientos hasta después de las elecciones del año entrante, como lo ha dicho. Si su partido gana los comicios (cosa bastante improbable), nombrará procuradores “a su manera”; si su partido pierde, digamos con López Obrador, entonces consultaría con el nuevo gobierno electo los nombramientos. Una tercera propuesta es que no hay procuradores (los tres), simplemente porque el gobierno federal está en un momento de debilidad. En este sentido, no hay suficiente fuerza ni política ni moral como para sacar adelante alguno de los tres nombramientos (si es que se va Nieto). Cualquier persona que proponga el presidente Peña será objeto de una investigación y descalificada, como lo fue el llamado “fiscal carnal”. El PAN de Anaya y el PRD de Barrales han declarado una guerra a muerte contra el PRI, no una competencia electoral. Es curioso que el más pacífico sea López Obrador.

Respecto a la idea del “compló” hay que decir que es una idea absurda. Peña Nieto no tiene la fuerza política ni ha demostrado a todo lo largo del sexenio la capacidad de idear y llevar a cabo una cosa así. Los integrantes del círculo rojo que sostienen esta propuesta lo hacen, en su mayoría, porque se han vuelto militantes de una causa: ni López ni el PRI. La segunda propuesta es imposible. Dejar hasta después de las elecciones los nombramientos traerá un vacío institucional cada vez más grande (ya es notorio). Esta situación es insostenible y suicida. Lo mejor es hacer nombramientos no de personas “honorables y sin tacha”, que sólo existen en la imaginación de los críticos, sino juristas con experiencia, aceptables para la oposición o, al menos, para parte de ella.

La realidad es que parece más probable que la tercera propuesta sea la correcta: no se tiene suficiente fuerza para salir del impasse en el que oposición y gobierno se encuentran. Es muy probable que el gobierno termine aceptando de regreso a Santiago Nieto. Sin embargo, es muy probable que algunos de sus defensores actuales se arrepientan de su defensa más adelante. Por lo demás, Santiago Nieto ha demostrado ser un funcionario bastante ineficiente.

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